Dos colombianos implicados
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que seis funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), un jefe del Registro Civil, una Fiscal del Consejo Nacional Electoral y otra persona fueron detenidos por su vinculación con una red dedicada a otorgar documentos falsos a delincuentes colombianos, mexicanos y estadounidenses relacionados con organizaciones criminales, paramilitares y del narcotráfico.
Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal añadió que por dicha causa también resultaron aprehendidos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes fueron encontrados en posesión de una cédula de identidad falsa.
Entre los implicados destacan “Jhonatan Caraballo, técnico de Oficina del Saime en Apure; Irwin Pérez, jefe del Registro Civil del municipio Biruaca, quien validó la partida de nacimiento forjada de uno de los colombianos para introducirla en el SAIME (…), Carmen Celis, fiscal del Registro Civil e Identificación del CNE, quien validó la partida de nacimiento que le entregó Irwin Pérez”, explicó el alto funcionario.
De igual modo, fueron detenidos Vicente Millán, Ángel Bolívar y César Ochoa, personal de Mantenimiento, trabajador y encargo de Atención al Público del Saime, respectivamente, quienes fungían como enlace con los grupos criminales para tramitaciones de cédulas. A su vez aparecen José García y Aris Solórzano, encargado de Bóveda y perito del Saime, respectivamente. La última, “tramitaba documentos a personas extranjeras (colombianos y estadounidenses) a cambio de dádivas en moneda extranjera”, detalló Saab.
En tal sentido, la máxima autoridad institucional detalló que la audiencia de presentación ocurrió el pasado 4 de octubre; en la que fueron imputados acorde con sus grados de participación. Entre los delitos precalificados destacan “corrupción propia agravada, asociación para delinquir, uso de documento público falso, forjamiento de documento público, alteración de libros o documentos públicos y obtención ilegal de lucro”, precisó Saab.
Sobre este punto, el vocero de la institución hizo énfasis en que el país no seguirá el ejemplo de Colombia y que “los funcionarios venezolanos que lamentablemente se dejen comprar por estos grupos, recibirán todo el peso de la ley. Están actuando como apátridas al asociarse con grupos extranjeros para dañar la paz republicana”.
Estafa inmobiliaria
Además, el Fiscal General reveló que fueron solicitadas órdenes de aprehensión y alerta roja ante Interpol para Evinger Claudelid Flores Vargas, Carlos Mascia Cisterino, Víctor Hugo Albornoz Torres y Marcos Carrillo París; presuntos implicados a través de la empresa ‘Inmobiliaria Grandes Inversiones’ en un caso de estafa masiva inmobiliaria en el estado Bolívar.
“Los solicitados formaron un grupo de empresas, a partir del 2014, que ofertaban lotes de terrenos, locales comerciales, apartamentos y town houses; de los cuales iniciaban la construcción con la finalidad de captar más clientes y luego se paralizaban”, detalló Saab. Al respecto, detalló que se les precalifican los delitos de estafa inmobiliaria y asociación.
“Las construcciones previstas para ser culminadas en 2016, no avanzaron más allá de un 12%, a pesar de haber cobrado la totalidad de los montos de venta a un número significativo de víctimas. Algunos de los proyectos involucrados en esta estafa son las Residencias Las Azaleas Place, el Conjunto Residencial denominado Puerta Dorada, las Residencias Las Paulinas y el Conjunto Residencial Atlántico Plaza”, continuó el funcionario.
Producto de los hechos fueron afectadas al menos 336 familias, mientas que los supuestos perpetradores viven fuera del país. Debido a ello, Saab exigió a Interpol para atender peticiones de la institución: “Contra estos mafiosos y hampones no puede haber clemencia (…) pedimos que estas personas que han delinquido en nuestro país sean detenidos y entregados a la justicia venezolana. Pedimos que no se encubran en ser supuestos perseguidos políticos”.
Derechos Humanos
En relación con la defensa institucional de las garantías fundamentales, el Fiscal General hizo mención especial a las condenas que recibieron dos funcionarios de la Policía del estado Táchira por el ataque contra el adolescente Rufo Chacón.
“Después de haber sido evacuados todos y cada uno de los medios de prueba tanto testimoniales como documentales y los aportes de nuestros fiscales; finalmente el tribunal decidió condenar a 27 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio calificado cometido con alevosía y por motivos innobles en grado de frustración, trato cruel y uso indebido de arma orgánica al acusado Javier Useche Blanco”.
También recalcó la condena “a 21 años y 5 meses de prisión por los delitos de trato cruel y uso indebido de arma orgánica al acusado Henrry José Ramírez Hernández”.
Sobre este punto, destacó que el Ministerio Público obtuvo “una condena ejemplar contra dos funcionarios que haciendo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza con armas de fuego, causaron daños irreparables a un joven y heridas a otro por el solo hecho de estar en una protesta”.
Aprovechó la oportunidad para cuestionar la situación en materia de derechos humanos en Colombia y Chile; donde numerosos crímenes siguen sin recibir justicia.
“En nombre del Ministerio Público, garantizo que siempre vamos a estar a la vanguardia. Nuestras puertas están abiertas para que nuestras cifras y expedientes sean revisados”, sentenció Saab.
07/10/2021
AS