En este contexto, el 27 de junio de 2008, a través de la Resolución N° 600 de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se creó la Coordinación de Gestión Social del Ministerio Público.
Esta nueva dependencia tiene entre sus competencias coadyuvar con la Dirección de Fiscalías Superiores, a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano y las Unidades de Atención a la Víctima, para la coordinación de las acciones necesarias para formular y ejecutar las actividades de Gestión Social.
También tiene como función diseñar y coordinar programas, cursos o talleres, vinculados con la formación, capacitación y orientación de los servidores del Ministerio Público en relación con su desempeño en el ámbito municipal.
Otra de sus competencias es la de incentivar la participación ciudadana a través de las organizaciones sociales que hacen vida en el ámbito municipal, en acciones destinadas a contribuir con la detección de los problemas que afectan a las comunidades vinculados al quehacer institucional y orientar en la tramitación de los mismos.
La Coordinación de Gestión Social promueve vínculos interinstitucionales, programas o acciones que permitan la prevención y reducción del delito en atención a las necesidades de las comunidades.
Además, de desarrollar una gestión eficaz y eficiente basada en resultados y rendición de cuentas en el marco de la transparencia y la probidad pública y proponer la adopción de políticas en las materias de su competencia.
