Para su creación se tomó en cuenta que para el Ministerio Público es imprescindible contar con una instancia central que construya la línea política de la institución en materia internacional, a fin de garantizar el cumplimiento de las competencias legales que le ha conferido la Constitución y las leyes nacionales para proteger los derechos y garantías ciudadanas y contribuir así con el posicionamiento del Estado venezolano en la esfera internacional como protector y defensor de los principios del Estado de Derecho, la legalidad, la democracia y los derechos humanos.
Dicha dependencia se encarga de proponer al o la Fiscal General de la República políticas en esa materia, así como establecer estrategias y directrices a seguir en los espacios internacionales.
Tramita las denuncias y peticiones de organismos internacionales sobre casos relativos a las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, así como de aquellos ciudadanos nacionales procesados o sentenciados en países extranjeros.
Adicionalmente, efectúa el seguimiento de los casos que cursen en el Sistema Interamericano (OEA) y Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos (ONU), en conjunto con las Direcciones competentes.
En ese sentido, vela por el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones emanadas de las distintas instancias internacionales, entre otras funciones.
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