En este contexto, el 11 de septiembre de 2012, a través de la Resolución N° 1248 de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se creó la Dirección de Gestión Social, la cual está adscrita a su Despacho, con el objetivo de profundizar la municipalización de la justicia y el acercamiento a las comunidades.
Esta dependencia tiene entre sus competencias diseñar, ejecutar y evaluar el impacto de planes, programas y proyectos formativos, deportivos, culturales recreacionales y de salud, dirigidos a los servidores del Ministerio Público y otras instituciones, además de la comunidad en general.
Asimismo, debe gestionar vínculos con las Fiscalías Municipales para coordinar las acciones necesarias que permitan la prevención social y la reducción del delito en atención a las necesidades de las comunidades.
Otra de sus competencias, es la de incentivar la participación ciudadana a través de las organizaciones sociales que hacen vida en el ámbito municipal, en acciones destinadas a contribuir con la detección de los problemas que afectan a la colectividad, vinculados al quehacer institucional.
De igual manera, tiene como función desarrollar una gestión eficaz y eficiente basada en resultados y rendición de cuentas en el marco de la transparencia y la probidad pública, además de proponer la adopción de políticas en las materias de su competencia.
