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Reinventándose para avanzar


La creación de la División de Peritaje Forense es una muestra más de la transformación del Ministerio Público y constituye un aporte a la lucha contra el retardo procesal

 


La historia de la medicina legal en Venezuela data de los tiempos de Simón Bolívar. Han transcurrido 186 años desde que El Libertador, en el artículo 83 de los Estatutos Republicanos, incluyó la cátedra de medicina legal en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Pese a esta mención, en 1841 fue inaugurada la clase de medicina en las aulas de la UCV, siendo sus primeros catedráticos Antonio José Rodríguez, José María Vargas y Gregorio Blanco.

Posteriormente, el 7 de junio de 1878 se publicó en la Gaceta Legal el Código de Instrucción Médico Forense, y el 22 de mayo de 1937 fue fundado el Instituto de Medicina Legal de Caracas, dependiente del entonces Ministerio de Justicia, creándose así, los servicios médico forenses a la orden de los tribunales de justicia.

En 1940 se creó la especialidad de medicina legal y dos años después fueron fundadas las medicaturas forenses del país.

El 20 de febrero de 1958 nació la Policía Técnica Judicial como órgano auxiliar del Ministerio de Justicia, y absorbió las medicaturas forenses.

Luego de 41 años, dicho organismo fue sustituido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), cuya creación quedó establecida en el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

Transcurridos 13 años, en junio de 2012, fue aprobada la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. En consecuencia, las medicaturas forenses dejaron de ser competencia de la policía judicial y ahora dependen del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Descongestionar servicios

Un año más tarde, el 15 de agosto de 2013 fue creada la División de Peritaje Médico Forense del Ministerio Público, como parte de las medidas aplicadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para descongestionar los servicios de medicina legal.

La División de Peritaje Médico Forense del Ministerio Público se sustenta en la Resolución Nº 1.241, publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.228. La referida división está adscrita a la Dirección de Asesoría Técnico-Científica e Investigaciones, y tiene competencia en el Área Metropolitana de Caracas (AMC).

Durante la inauguración de esta dependencia en la Torre Este del conjunto urbanístico Parque Central, en el AMC, Ortega Díaz destacó que este es el primer centro de esta naturaleza dentro de la institución, cuya finalidad es apoyar a los organismos que actualmente realizan esta labor, como el caso del Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.

En esta dependencia, dirigida por la médica forense, Elizabeth Pelay, se realizan las evaluaciones médico-legales de personas que, por diferentes causas, puedan verse relacionadas con investigaciones penales adelantadas por los despachos fiscales.

Peritaje cuenta con los equipos para determinar el estado físico general del individuo, y el tiempo de curación de las lesiones que presente, que según los artículos 413, 414, 415, 416 y 417 del Código Penal venezolano se catalogan como leves, de mediana gravedad, graves y gravísimas.

En la división también se colectan muestras de origen biológico o evidencias físicas que porte el individuo.

Quienes forman parte de este equipo están obligados a asistir a juicios en calidad de expertos, siendo vital sus testimonios puesto que determinan científicamente la gravedad de la lesión que haya sufrido la víctima.

Esta división estima asumir cerca de 60 por ciento de las víctimas que eran tratadas en la medicatura de Bello Monte; por ello, el equipo integrado por seis médicos forenses, tres traumatólogos, un gineco-obstetra, un cirujano, un patólogo clínico, cinco enfermeras y cinco auxiliares de laboratorio, trabaja con la eficiencia que se amerita para garantizar la entrega casi inmediata de los resultados.

Estos expertos forenses laboran con celeridad, debido a que en muchos casos los resultados de las evaluaciones exceden los lapsos establecidos por la normativa procesal penal para que el fiscal se pronuncie. En otros casos, el retardo imposibilita al representante del Ministerio Público para avanzar en la investigación penal, siendo necesario tener esos informes forenses para presentar un acto judicial antes del vencimiento del lapso legal.

Una vez que se ha dado este primer paso, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, aspira a inaugurar más medicaturas forenses en el país, aunado a las iniciativas adelantadas en la lucha contra el retardo procesal.

Estas acciones ofrecen la garantía a los venezolanos de que pueden contar con un Ministerio Público transformado, que cada día se reinventa para adaptarse a las nuevas realidades y exigencias del país, tal como se lo planteó la Fiscal General, en el año 2007, cuando se comprometió a luchar contra la impunidad y el retardo procesal, a fin de dar al pueblo respuesta efectiva a sus necesidades de justicia y paz.

Texto: Sonia Sánchez Rujano
 

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