Ministerio Público presentó 59 acusaciones por diversos casos de corrupción
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que fueron recuperadas 912 computadoras asignadas por el sistema educativo público, denominadas canaimitas, como parte de la investigación iniciada en virtud de la denuncia sobre el progresivo uso irregular de esos equipos.
En un encuentro con los medios de comunicación social, el máximo titular del Ministerio Público explicó que la averiguación del caso se inició tras la denuncia interpuesta por el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua, en el marco de la lucha contra la corrupción.
Informó que las entidades en las que se produjo el mayor índice de incautaciones fueron: Lara (107), Portuguesa (98), Distrito Capital (92) y Carabobo (89). También se efectuaron procedimientos en Táchira, Apure, Falcón, Barinas, Guárico, Cojedes, Aragua, Zulia, Monagas y Anzoátegui.
En ese sentido, se determinó el desvío de equipos mediante asignaciones simuladas; así como la venta de dispositivos no asignados en el sistema, los cuales son robados de los depósitos.
De igual forma, se produjo el desvío de equipos en las zonas educativas, debido a que se solicitan más computadoras de las necesarias y se procede a la venta del excedente; así como la venta de equipos por parte de los representantes de los estudiantes a quienes les fueron asignadas, y la utilización para fines distintos a la educación.
Añadió que muchos de los equipos fueron usados en establecimientos de envite y azar, cuando se trata de instrumentos para el estudio y la educación gratuita venezolana.
Saab informó que fueron aprehendidos Jim Jefferson Sifontes Patiño, Ramciv José Barrios Gómez, Leyner José Gil Barrios y José De La Rosa Hernández, quienes fueron presentados ante el Tribunal 29° de Control del Área Metropolitana de Caracas.
Las referidas personas fueron imputadas por los delitos de posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos.
El máximo titular del Ministerio Público aseveró que “no se va a permitir desde el Estado venezolano, nuestras instituciones democráticas y el sistema de justicia, que bienes de la nación que forman parte del uso de los derechos humanos del colectivo sean traficados de esta manera, y menos desde la educación básica”.
Asimismo, Saab aseguró al Ministro de Educación que el Ministerio Público, de forma seria y responsable, investigará la denuncia relacionada con el desvío de alimentos destinados al Programa de Alimentación Escolar.
Por su parte, el ministro Jaua agradeció la disposición de la institución garante de la legalidad ante la denuncia presentada y su profunda lucha contra la corrupción. Dijo que todos los delitos son condenables, pero hay unos que atentan contra la dignidad de una nación, especialmente aquellos cometidos contra bienes que son dedicados a la formación de niños, niñas y adolescentes. Agregó que golpea la moral nacional encontrar una “Canaima” en un centro hípico o venta de loterías.
Jaua también solicitó al Fiscal General que se investigue el incendio de dos escuelas rurales en los estados Portuguesa y Barinas.
Durante el encuentro con los medios de comunicación, en el que también estuvieron presentes los directores del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, comisario Douglas Rico; y de la Policía Nacional Bolivariana, general de brigada Carlos Pérez, se entregaron los equipos incautados para que nuevamente sean usados por los estudiantes.
Acusaciones por casos de corrupción
Por otra parte, el Fiscal General Tarek William Saab refirió que el Ministerio Público ha presentado 17 acusaciones por casos de fraude importador con dólares asignados por la Comisión Nacional de Administración de Divisas y el Centro Nacional de Comercio Exterior.
Mientras que por los casos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fueron acusados 36 altos funcionarios.
Detalló que por las irregularidades en la Faja Petrolífera del Orinoco fue acusado un empresario y por Citgo, ocho funcionarios, entre ellos el expresidente de Pdvsa, Nelson Martínez; por Petrozamora, 17 funcionarios acusados, entre estos el expresidente de la estatal petrolera, Eulogio Del Pino, y el ex vicepresidente de exploración y producción occidente, Orlando Chacín.
Acerca del caso de las monoboyas, fueron acusados cuatro funcionarios, entre estos el ex director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Rodríguez; por Petropiar, cuatro funcionarios y el representante de una empresa; por Bariven, tres funcionarios, entre estos el presidente de esa filial Francisco Jiménez Yusti, y por el caso de Pdvsa-Viena (Factor K), fue acusada una funcionaria.
Saab dijo que en los próximos días serán formalmente acusadas otras personas involucradas en estos hechos.
Vale señalar que de esta manera el Ministerio Público demuestra la eficiencia en la administración de justicia que caracteriza a la actual gestión, y se cumple así con la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa.
09/03/2018
LMG