Destacó la lucha anticorrupción y la defensa de los derechos humanos
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó este miércoles 21 de febrero ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el informe anual de gestión del Ministerio Público, en el cual ofreció un balance de las actuaciones ejecutadas por este organismo durante el año 2017 en materia anticorrupción y en defensa de los derechos humanos.
La máxima autoridad de la institución destacó que se han practicado 100 detenciones por la comisión de delitos de corrupción, en el marco de la judicialización de los casos relacionados con las tramas que operaban dentro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y la Banca Privada de Andorra, las cuales causaron un daño patrimonial superior a los 15 mil millones de dólares.
En este sentido, el Fiscal General detalló que se encuentran detenidos 76 funcionarios de Pdvsa, entre ellos 21 altos gerentes y además, se han librado 19 órdenes de aprehensión.
Explicó que desde agosto, cuando asumió sus funciones como Fiscal General, se presentaron 551 acusaciones por casos de corrupción, entre ellos altos ejecutivos de la industria petrolera, así como dueños de corporaciones y empresarios.
Indicó que otras 21 personas fueron detenidas por fraude importador con divisas de Cadivi-Cencoex y se tiene previsto materializar otras 21 órdenes de aprehensión por este caso.
Añadió que en el marco de esta investigación fueron ocupadas 25 empresas que defraudaron al fisco nacional. “Por primera vez en la historia se está atacando la corrupción del sector privado. Se ha llevado la justicia hasta los grandes empresarios que desfalcaron al país”, destacó.
Tramas de corrupción
En su balance ante la ANC, Saab reiteró que las averiguaciones anticorrupción dentro de la industria petrolera se iniciaron con el descubrimiento de una serie de contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco, en los que se confirmó una sobrevaloración de 230% para efectuar obras que nunca se ejecutaron.
Explicó que las indagaciones que empezaron con 12 contratos adjudicados a 10 empresas, permitieron determinar que el sobreprecio estimado fue de 250 millones de dólares.
Manifestó que se pudo desmantelar la trama de corrupción de Petrozamora, que generó una pérdida de 15 millones de barriles de crudo entre los años 2015 y 2017, lo que representa un daño patrimonial de 500 millones de dólares. Por este hecho, fueron aprehendidos 17 funcionarios, entre ellos el exministro de Petróleo, Eulogio Del Pino; el presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), Orlando Chacín, y los directivos de la división occidente, Gustavo Malavé, Juan Carrillo y Juan Carlos Barreto, entre otros.
Recordó la detención del presidente de Bariven S.A, Francisco Jiménez Yusti, por las irregularidades presentadas en los procesos de compra de esta filial de la corporación petrolera estatal con sobreprecio de hasta 38 mil %.
Del mismo modo, se refirió a la alteración de cifras de producción en Pdvsa Oriente, que generaron una afectación al erario público de mil 156 millones 900 mil dólares por barriles de crudo no producidos, y de 266 millones de dólares por pago de regalías al Estado e impuestos por un crudo contabilizado, pero inexistente.
Mencionó las detenciones del expresidente de Pdvsa, Nelson Martínez; el presidente de Citgo Petroleum Corporation, José Ángel Pereira, así como de cinco de sus directivos por suscribir contratos para el refinanciamiento de la deuda y ofrecer como garantía a la propia empresa, sin aprobación presidencial.
Hizo alusión a las seis órdenes de aprehensión libradas en contra de los responsables de la contratación por siete años del barco Petrosaudi Saturn, para la explotación de gas costa afuera, que costó al país más de mil 175 millones de dólares por una embarcación que estuvo parada 60% del tiempo.
Adicionalmente, indicó que a través de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Petróleos de Venezuela-Europa, se produjo el desfalco de 4 mil 800 millones dólares entre 2009 y 2015 por la subvaloración de los precios del crudo por medio de la manipulación del Factor K y de los escaladores AGA.
Además, destacó la detención de Diego Salazar Carreño por el blanqueo de 4 mil 200 millones de dólares a través de la Banca Privada de Andorra, producto del cobro de comisiones y operaciones fraudulentas en perjuicio de empresas del Estado venezolano. “El objetivo del Ministerio Público es repatriar el 100% del dinero robado”, puntualizó.
Cuestionó que en este caso, sobre el cual se conoció información en 2012, la antigua gestión del Ministerio Público no accionó. «Fue un escándalo global, había complicidad y por eso, no había impulso procesal», adicionó.
Igualmente, informó sobre las actuaciones emprendidas en torno al fraude con divisas de Cadivi y Cencoex. Con respecto a este tema, censuró la ausencia de una investigación formal por parte de la antigua gestión, luego que 230 empresas, de las 1.059 convocadas en 2014, no asistieran al proceso de verificación de uso correcto de divisas.
Con motivo a estos casos de corrupción, propuso reformar el sistema penitenciario del país, con el fin de crear un centro de reclusión exclusivo para quienes incurran en tipos penales de esta naturaleza, debido a que «apenas se ha conocido la punta del iceberg” de estas investigaciones.
Violencia política y DDHH
Del mismo modo, Saab señaló que la antigua directiva del MP avalaba la impunidad al “negarse a imputar a personas detenidas por alteración de orden público durante la protestas de 2017, que generaron pérdidas de vidas, heridos, así como daños a la propiedad privada”.
Informó que cada uno de los casos de violencia entre abril y julio de 2017 han sido judicializados y presentan un avance sustancial en los procesos, tal es el caso de David Vallenilla, quien muriera el 22 de junio de 2017 frente a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas.
El Ministerio Público acusó por este hecho a un sargento primero de la Aviación Militar Bolivariana, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, y uso indebido de arma orgánica.
Asimismo, informó que el 18 de septiembre se realizó la audiencia preliminar por la masacre de Barlovento ante el Tribunal 1° de Control de Miranda.
“Han querido mostrar internacionalmente que estos casos de violencia han quedado impunes, haciendo ver al país como un estado forajido. Aquí ninguna ONG llena de dólares ni organismo internacional le va a dar clases al Estado venezolano», aseveró.
Reconocimiento internacional
Saab también se refirió a la legitimación del Ministerio Público y su investidura como Fiscal General de la República con su participación en la XXV Reunión de la Asociación Iberoamérica de Ministerio Públicos, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, en noviembre del año anterior.
Sobre este particular, señaló que “se pretendió deslegitimar al Fiscal General y la institución al desprestigiar su proclamación ante la Asamblea Nacional Constituyente”. Sin embrago, al tener voz y voto junto a sus homólogos esta acción fue desestimada.
La máxima autoridad del Ministerio Público entregó un ejemplar del Informe Anual 2017 a la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, además de los proyectos de ley contra el Maltrato Animal, de Responsabilidad Empresarial en materia de Derechos Humanos, Orgánica para las Personas con Discapacidad y Espacial para la Protección de Campesinos Víctimas del Sicariato; para que se estudie su aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente.
21/02/2018
AGB