Actuación del Ministerio Público evitó pérdida patrimonial por 48 millones de dólares
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que fueron solicitadas y acordadas las órdenes de aprehensión contra los directores de las empresas Latino Oil y Manta Internacional, Ugbor Modestus Amaechi y Carlos Smirt Pérez Gil, respectivamente, por estar presuntamente relacionados con el tráfico de combustible en el Terminal de Almacenamiento y Embarque Guaraguao, ubicado en Puerto La Cruz.
En un encuentro con los medios de comunicación social en el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, Saab señaló que en el caso de Pérez Gil ya se materializó la detención.
En tal sentido, se precalificaron los delitos de asociación para delinquir, falsificación de sello público; forjamiento de documento público; uso de documento público forjado; concertación o defraudación de funcionario en contrato con empresa petrolera u otra operación en acuerdo con funcionario bajo promesa de beneficio o lucro y contrabando de extracción agravado en modalidad de comercio de combustible en territorio nacional.
Destacó que en virtud de la pronta actuación del Ministerio Público y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, como órgano auxiliar de investigación, se evitó una pérdida patrimonial de aproximadamente 48 millones de dólares.
Saab informó que la investigación del caso se inició el 23 de enero en el Terminal de Almacenamiento y Embarque Guaraguao, ubicado en Puerto La Cruz, debido a la presencia de dos buques tanqueros extranjeros que se disponían a cargar crudo y diesel en condiciones irregulares.
Por tal motivo, se inspeccionó el buque New Sifnos, de bandera griega, el cual pretendía cargar 300 mil barriles de crudo. El capitán presentó una documentación para la carga, por un año, de 1,5 millones de barriles de crudo.
Sin embargo, se pudo determinar que dichos papeles eran fraudulentos, e incluso se falsificó la firma de un alto gerente de la compañía.
Es importante mencionar que mientras se realizaban estas labores de investigación, se tuvo conocimiento de que el buque tanquero Stenaweco Caterina Corrado, con bandera de Bahamas, se encontraba en el puerto para cargar 30 mil barriles de diesel. Tal situación llamó la atención, por tratarse de una carga pequeña para una embarcación de esa magnitud, por lo que se procedió a la inspección correspondiente.
El capitán de la embarcación entregó los documentos sobre una compra de 5 millones de galones de diesel D2, que le despacharía Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a una empresa intermediaria. En este caso, también se corroboró que los documentos eran falsos.
De allí que la investigación determinó que la empresa Manta Internacional, mediante sus representantes en Venezuela, Carlos Smirt Pérez y otra persona por identificar, negociaron con la empresa Latino Oil, representada por Ugbor Modestus Amaechi, una supuesta carga de 5 millones de galones de diesel D2, para ser entregada a la empresa Vanguardia Energy, por parte de la estatal petrolera venezolana, con documentos falsos y que iba a ser cargada en el buque bahameño.
La documentación falsificada tiene las mismas características de la suministrada por el citado buque griego, por lo que se presume que las empresas Manta International y Latino Oil también están relacionadas con ese caso.
Dijo que existe la presunción de que este tipo de embarques de crudo y combustible irregular pudiera haber estado ocurriendo desde hace tiempo, con la complicidad interna de funcionarios de Pdvsa.
Agregó que los buques relacionados con este caso fueron incautados y quedaron a la orden del Estado venezolano.
Afirmó que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones, en razón de la complicidad interna de la estatal petrolera y otros organismos nacionales.
Para el Fiscal General esto demuestra la voluntad férrea, institucional del nuevo Ministerio Público, del Estado venezolano, de no permitir más impunidad ante acciones como esas, por lo que ratificó la voluntad de seguir luchando contra la corrupción en cualquier nivel para sancionar a los responsables.
No habrá impunidad para quienes violen DDHH
El Fiscal General Tarek William Saab también se refirió a la declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) acerca de Venezuela, y explicó que la información que posee dicha funcionaria pareciera sesgada.
Indicó que la misma no se ha comunicado para solicitarle al Ministerio Público la respectiva información de los casos ocurridos entre abril y junio de 2017.
Comentó que dicha instancia internacional actúa de manera complementaria cuando, en un Estado parte, los casos que pudieran ser evaluados no han sido judicializados o investigados; es decir, no hay una investigación que conlleve a detenciones, imputaciones y acusaciones.
Por ello, resaltó que esta institución posee suficiente documentación de hecho y de derecho en relación con esas causas, en las cuales se ha actuado en coordinación con la Defensoría del Pueblo y los tribunales. Adicionó que en muchas de estas se han producido imputaciones y acusaciones a partir de agosto de 2017. “Estamos dispuestos a demostrar, cuando así se nos requiera, cada uno de esos argumentos”.
Alegó que la respuesta de este nuevo Ministerio Público se diferencia al anterior, cuando no se judicializaron los casos, no se atendió a las víctimas y, además, no hubo ningún tipo de pronunciamiento para evitar la violencia.
Recordó que durante esos hechos, hubo expresa prohibición por parte del Presidente de la República a fin de que no se usaran armas de fuego para dispersar las manifestaciones.
Saab aseguró que no habrá impunidad para aquel funcionario policial o militar que individualmente haya violado el derecho a la vida o la integridad de cualquier ciudadano.
Asimismo, se actuará respecto a los casos de civiles que portaban armas y quemaron personas o dispararon contra ellas. En ese sentido, expresó que la propia CPI reconoció que durante esa situación actuaron civiles armados contra funcionarios.
Aseveró que esta es una oportunidad que el Estado venezolano afrontará de manera transparente, para demostrar que quien viole los derechos humanos no va a tener ningún tipo de inmunidad, sino castigo y sanción con fundamento en los tratados suscritos por la República y lo establecido en la Constitución.
Acotó que Venezuela no es como otros países, en los que han practicado el exterminio y el terrorismo de Estado, donde sus ciudades son cementerios públicos y las fosas comunes son parte del paisaje; sin embargo, esas naciones han tenido inmunidad absoluta.
08/02/2018
LMG