Un testigo narró lo sucedido
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó la aprehensión de José Tomás Pinto Marrero, José Fidel Blanco, Jesús Enrique Sánchez Roquett y Jesús Manuel Ibarra Ibarra por su presunta responsabilidad en la muerte del adolescente de 16 años George Soto Berroterán, en el estado La Guaira.
Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal reveló que los cuatro solicitados serán imputados por la presunta comisión de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, privación legítima de libertad y agavillamiento.
Los hechos
La máxima autoridad institucional, señaló que el joven fue reportado como desaparecido por su madre el pasado 1 de junio.
Los restos de la víctima fueron encontrados el pasado 12 de junio por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dentro de una fosa pequeña donde se localizó “una osamenta y sobre ésta un bolso con las pertenencias y documentos personales del adolescente”, explicó Saab.
También añadió que “las pruebas técnicas determinaron que la osamenta es humana, perteneciente a un adolescente y el cráneo presenta un orificio producto del paso de un proyectil disparado por un arma de fuego”.
En tal sentido, la investigación reveló que el joven trabajaba como pescador para Pinto y que fue visto por última vez el pasado 23 de mayo cuando se dirigía a la finca “La Tupareña”, que es propiedad de su empleador.
Parte de los hechos fueron relatados por Juan Pablo Romero, otro pescador que también trabajaba para Pinto y quien denunció que, junto a Soto Berroterán, el 23 de mayo fue objeto de agresiones por parte los escoltas de Pinto y otros empleados, por un presunto hurto de mercancía y dinero.
Según denunció Romero, José Pinto dio instrucciones a sus escoltas para que lo agredieran hasta que este admitiera haberse apropiado de mercancía y dinero producto de la faena pesquera. “Los escoltas sometieron y golpearon a Juan Romero con sus armas, y exigieron al resto de los pescadores que también lo golpearan, entre ellos al adolescente George Soto Berroterán, quien se negó a hacerlo, lo que motivó que fuera objeto de golpes por parte de estos ciudadanos, quienes lo señalaron de ser cómplice en el hurto”, detalló el Fiscal.
Mientras Soto era agredido, Romero logró escapar e internarse en una montaña sin ser localizado.
Ajusticiamientos en La Guaira
De igual forma, el Fiscal General informó que el pasado 11 de junio el Ministerio Público inició investigaciones por el presunto ajusticiamiento de cinco personas a manos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el barrio El Limón, ubicado en la carretera vieja Caracas – La Guaira.
“El citado día en horas de la madrugada, Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez se encontraban en sus residencias cuando comisiones del FAES irrumpieron violentamente en sus viviendas, los sacaron a la calle y llevaron a un sector boscoso de la barriada donde habrían sido ejecutados, siendo este acto observado por los vecinos de la comunidad”, comentó el Fiscal General.
Ante estos hechos, el Ministerio Público libró órdenes de aprehensión en contra de Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus y Antony Castellar; quienes fueron presentados este lunes por la presunta comisión de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
“Para adelantar las investigaciones se comisionó a los fiscales 49º Nacional con competencia plena y 81º del Área Metropolitana de Caracas con competencia en materia de Protección de Derechos Humanos”, expresó el alto funcionario.
Durante la investigación, los fiscales detectaron inconsistencias en las actas policiales que informaban sobre un presunto enfrentamiento y establecieron la existencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en la acción policial.
Esto fue posible gracias a las experticias coordinadas por el órgano garante de la legalidad en el país, que incluyeron protocolos de autopsia, inspecciones técnicas del sitio del suceso y las de los cadáveres, el levantamiento planimétrico, trayectoria balística y las entrevistas a los testigos.
Fortalecimiento institucional
Durante su alocución, el Fiscal General consideró necesario fortalecer la formación de los aspirantes a funcionarios policiales y los efectivos en condición de actividad.
“El Ministerio Público pone la Escuela Nacional de Fiscales a disposición del Ejecutivo Nacional, como herramienta para la formación de funcionarios policiales en la cultura de la defensa y protección de los derechos humanos”, expresó el vocero institucional.
Balance del Ministerio Público
Finalmente, Saab recordó que desde el inicio de su gestión al frente del Ministerio Público, el 5 de agosto de 2017, “se presentaron imputaciones contra 540 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad y contra 30 particulares como presuntos violadores de derechos humanos”.
De ese total, han sido privados de libertad 426 funcionarios y 19 particulares; mientras que se presentó acusación contra 786 funcionarios y 113 particulares, a través de 366 procedimientos asociados con homicidios, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privaciones ilegítimas de libertad, violaciones de domicilio, entre otros.
“Se han logrado sentencias condenatorias contra un total de 140 procesados. Estamos trabajando en aras de fortalecer la paz republicana y la plena vigencia de los derechos humanos, por lo que cualquier funcionario público que, de manera individual, asuma actitudes en contra de los derechos humanos será castigado con todo el peso de la ley’’, sentenció Saab.
15/06/2020
NP