Como Fiscal General, valoro de manera muy positiva los anuncios realizados por la Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, en materia de justicia, seguridad y derechos humanos.
La eliminación de las alcabalas en zonas urbanas constituye una decisión acertada. Está demostrado que este mecanismo tiene una eficacia limitada en el combate contra el delito y genera un impacto negativo en la legitimidad de los cuerpos policiales.
Por el contrario, una política de patrullaje inteligente, basada en análisis de datos, demuestra un efecto muy superior al reducir la incidencia delictiva y fortalecer los lazos de confianza y cooperación entre la policía y la comunidad.
Asimismo, celebramos el fortalecimiento de las relaciones de cooperación del Ejecutivo Nacional con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el ámbito penitenciario. La trayectoria de este organismo en la materia se traducirá en avances significativos para la garantía de los derechos de la población privada de libertad en nuestro país.
Desde el Ministerio Público, ratificamos nuestro compromiso ineludible de acompañar estas transformaciones estructurales para consolidar la plena vigencia de los derechos humanos en toda la nación.
26/08/2026
GB