Entre ellos el presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la detención de 4 funcionarios de la empresa mixta Petropiar, vinculados con el desfalco multimillonario en la Faja Petrolífera del Orinoco y 7 funcionarios vinculados a la empresa mixta Petrozamora relacionados con el sabotaje a la producción de crudos en esta compañía.
En una rueda de prensa ofrecida en la sede principal del Ministerio Público, Saab informó que por el caso de Petrozamora fueron aprehendidos el presidente de la junta directiva de la Corporación Venezolana de Petróleo, Orlando Enrique Chacín Castillo; el superintendente de Tratamiento de Crudo, Luis Gerardo Martínez Cardozo; el técnico de Laboratorio, Adolfo Ramón Artigas; el técnico de Movimiento de Crudo, Hirto Manuel Hurtado, y la líder de Contabilidad de Crudo, Raibeth Atencio.
Asimismo, fueron detenidos el superintendente de Operaciones de Tanque, Jalar Antonio Granado Rodríguez, y el representante del Ministerio del Poder Popular de Energía y Minas, Noria Alberto Perozo Villanueva.
A estos funcionarios se les imputarán los delitos de asociación para delinquir, obstrucción de la libertad de comercio, concierto de funcionario con contratista, peculado doloso y daño a la industria petrolera con siniestro.
El Fiscal General explicó que estas personas son presuntamente responsables de las prácticas de sabotaje para afectar la producción de crudo de dicha empresa.
A su juicio, como resultado de estas acciones se produjeron pérdidas millonarias al país, que pudieron afectar la relación con los socios estratégicos de Petróleos de Venezuela.
En este particular, se calculó una pérdida de 15 mil 700 barriles diarios, los cuales suman más de 15 millones de barriles acumulados entre el periodo 2015-2017, equivalentes a casi 500 millones de dólares.
Caso Petropiar
Saab indicó que los aprehendidos por el caso de irregularidades en Petropiar son el supervisor de Compras de Parada de Planta, Carlos Humberto Pereira Aguilera, y el supervisor analista de Compras de Parada de Planta del Mejorador, Carlos Armado Bello Romero.
Igualmente, el superintendente de Prevención y Control de Pérdidas del Mejorador y el supervisor de Materiales de Parada de Planta del Mejorador, Luis Alberto Olivier Torres y Abraham Valentino Lezama Hernández, respectivamente.
El Fiscal General explicó que estos funcionarios se encargaban de las compras para la atención de emergencias y fueron detenidos el pasado 24 de octubre, tras la solicitud de órdenes de aprehensión acordadas por el Tribunal 2º de Control del estado Anzoátegui, las cuales fueron ejecutadas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Agregó que los detenidos estarían incursos en el otorgamiento irregular de compras de bienes y servicios con sobreprecio, y adjudicaciones directas otorgadas durante la parada de mejoradores, presuntamente de manera intencional, para crear emergencias ficticias.
Refirió que de esta manera justificaban contrataciones irregulares. “Esto era vox populi hasta que efectivamente nosotros hemos ido desmantelando esta mafia”, resaltó Saab.
Indicó que se ha determinado que estos funcionarios están involucrados con una orden de compra otorgada a la empresa Servicios Construcción y Mantenimiento Romara C.A. que presentó un sobreprecio superior al 10 mil por ciento.
Dijo que con esta práctica se benefició a una élite de corrupción, a través de la concertación de empresarios con funcionarios de Petróleos de Venezuela para causarle daño al país y al patrimonio de la nación.
Sostuvo que estas personas habrían incurrido en los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir.
El titular la acción penal mencionó que actualmente existen órdenes de aprehensión con alerta roja contra otras personas, quienes estarían prófugos de la justicia en Estados Unidos.
Órdenes de aprehensión y alerta roja
Saab aseguró que solicitará en las próximas horas las órdenes de aprehensión y de alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en contra de los “magistrados usurpadores del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, que se instalaron en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
«El Ministerio Público ha designado un fiscal para investigar este hecho y ordenar una serie de medidas, entre ellas las órdenes de aprehensión contra estas personas que se encuentran fuera del país. Es decir, vamos a solicitar la alerta roja en contra de estos 13 usurpadores», afirmó.
Puntualizó que las decisiones de este grupo de personas no tienen validez jurídica alguna, debido a que Venezuela tiene, según su Constitución, 32 magistrados titulares que para ser electos pasaron primero por la preselección del Poder Ciudadano; que conoció de una lista que luego analizó la Asamblea Nacional.
El Fiscal General consideró que estas personas “han cometido el delito no solo de instalarse sino de promover acciones totalmente írritas y nulas. Se han declarado a sí mismas al margen de la ley y eso tiene consecuencias”.
Repudió que los actos de “estos magistrados fantasmas” en Estados Unidos cuenten con el respaldo del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Al respecto sentenció que “ningún organismo foráneo tiene cualidad jurídica para instalar y darle pie a ningún órgano paralelo al margen de la ley en Venezuela, y que eso ocurra impunemente».
La máxima autoridad del Ministerio Público aseveró que esta actuación ha llevado a los embajadores de los países que en anteriores oportunidades se habían manifestado hostiles hacia Venezuela, a mostrar su desacuerdo con “este teatro bufonesco y circense”.
Incautación de billetes
Durante sus declaraciones, el Fiscal General de la República indicó que entre el 11 de septiembre y el 25 de octubre se incautaron 2 mil 362 millones 700 mil bolívares del nuevo cono monetario, cantidad con la que se traficaba para cobrar comisiones y “dejar al pueblo sin efectivo”.
Refirió que el Ministerio Público abrió una cuenta corriente en el Banco Central de Venezuela, con el fin de que sea depositado ese dinero y se reinserte ese efectivo en la economía.
Destacó que dependiendo de los resultados que arrojen las investigaciones por este tema, el cúmulo de billetes pasará al Tesoro Nacional.
26/10/2017
WRR/DS