Las víctimas eran utilizadas para actos de pornografía
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que 26 personas fueron privadas de libertad, tras el desmantelamiento de una red de trata de personas, dedicada al rapto de mujeres y hombres para luego obligarlos a ejercer la prostitución y la pornografía en Caracas.
“Es un delito trasnacional por el que Venezuela ha firmado tratados internacionales. Se dedicaban a captar víctimas para obligarlas a la prostitución”, indicó el líder de la acción penal en declaraciones a los periodistas desde la sede principal del Ministerio Público.
Saab informó que la investigación del caso se inició el 31 de agosto, cuando la Policía del estado Miranda recibió información de un hombre y dos mujeres que habían sido retenidos, forzados a prostituirse y a grabar vídeos dentro de una casa ubicada en el municipio Baruta.
Relató que debido a ello una comisión policial se movilizó hasta la quinta “Villa Real” para verificar la situación y los efectivos encontraron dentro de la vivienda a personas realizando actividades sexuales frente a cámaras de video que transmitían en vivo a una página web internacional.
En el interior de la casa en Baruta, se hallaron equipos de computación, cámaras de seguridad, cámaras web, reproductores DVD, trípodes, reflectores fotográficos; 18 teléfonos celulares, un arma larga de aire comprimido, un arma de fuego tipo revolver y 31 gramos de droga, material que fue recolectado como evidencia de interés criminalístico.
El Presidente del Consejo Moral Republicano manifestó que las víctimas declararon que fueron captados por una mujer, para efectuar servicios domésticos en distintas residencias.
“Las citaban en Plaza Venezuela y las trasladaban a la residencia donde eran secuestradas y obligadas a ejecutar actos sexuales”, agregó Saab.
Antecedentes en Mérida
La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que David Eduardo Ferrer (alias Tony), Héctor Quintero, Glaismar Espinoza y Yonathan Pérez son cuatro de las 28 personas aprehendidas en la quinta de Baruta, quienes ya tenían antecedentes en el estado Mérida por los delitos de pornografía y asociación.
Precisó que Ferrer, cabecilla de la red delictiva, fue acusado el 10 de febrero de este año ante el Tribunal 4º de Control de la citada entidad federal andina por los referidos delitos. Sin embargo, le fue otorgada una medida cautelar que apeló el órgano garante de la legalidad en el país.
Ferrer, Quintero, Espinoza y Páez fueron detenidos nuevamente en Baruta y presentados ante el Tribunal 5º de Control del Área Metropolitana de Carcas, en compañía de 24 personas más por los delitos de trata de personas, asociación, pornografía, porte ilícito de arma de fuego, resistencia a la autoridad y peculado de uso.
El Tribunal acordó la medida privativa de libertad para 26 involucrados y concedió medidas cautelares a dos de ellos como parte del debido proceso.
“Hay evidencia sobre los captadores de esta red que están siendo identificados por el Ministerio Público y a quienes en su momento se les va a solicitar orden de captura”, advirtió el Fiscal.
En este sentido, dijo que las investigaciones están a cargo de los fiscales nacionales 46º de Antiextorsión y Secuestro, 54º contra Legitimación de Capitales; 64º y 82º en materia para la Defensa de la Mujer.
“Hemos actuado teniendo como órganos auxiliares de justicia a la Policía de Miranda y la División de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas. Vamos a buscar si hay conexiones internacionales”, prometió.
Todo el peso de la ley
Saab afirmó que no se conformará con perseguir la corrupción y los delitos económicos, como el lavado de dinero sino también a este tipo de flagelos.
Reiteró que se mantiene activa la comisión designada de fiscales que verifican los precios acordados de 25 rubros de primera necesidad.
“Vamos a perseguir a cualquier ciudadano, venezolano o de otra nacionalidad que utilizando a nuestras mujeres, incluso menores de edad, las conviertan en esclavas, secuestradas o sean golpeadas y pretendan que esto quede impune; contra ellos irá todo el peso de la ley, porque hay una acumulación de delitos muy graves”, enfatizó.
Asimismo, el Fiscal General de la República informó que durante su año de gestión se han imputado a 99 personas, otras 71 fueron acusadas e igual cantidad quedaron privadas de libertad por el delito de trata de personas.
“Este Ministerio Público declara ante la nación que una manera de adecentar este país, de buscar el decoro y el honor, tiene que ver no solamente con el combate a la corrupción, al narcotráfico, sino contra este tipo de mafias”, sostuvo.
12/09/2018
DS